Quisiera estar a la altura de las circunstancias, ser capaz de acomodar las inquietudes bien asentadas en mi lecho de experiencias acumuladas y poder estructurar una propuesta mínimamente coherente y que fuera aceptada por una mayoría más o menos representativa y con influencias. Para eso debería ponerme el mono de gregario, medrar en una organización política o gremial, prodigarme en fastos y convecciones, adular a los que coyunturalmente puede decidir de manera parcial sobre personas, instituciones, reglamentos y hasta pueden proyectarse en leyes flexibles, de esas que intentan contentar a todas las partes concurrentes con misivas, consignas y soluciones del pasado, nunca, pero es que nunca, arriesgando algo y pensando en el mañana o el pasado mañana.
Volveré a colocarme en el rubro de zombi y rescatar algunas pequeñas ideas que se han ido diluyendo entre la casualidad, la ignorancia y la falta de criterios que fundamenten ciertas decisiones. Convencido de que la falta de leyes que acoten los derechos y deberes de todas las instituciones que con curen en la Cultura y refiriéndome siempre de manera muy concreta a las Artes Escénicas, parece una misión casi imposible un orden cabal dentro de la estructura política en la que el Estado español se mueve en referencias a estos asuntos. Desde la Constitución a los Estatutos de Autonomía, tienen lagunas, trampas, exclusiones que hacen casi inviable cualquier intento de armonización. Diecisiete consejerías de Cultura son diecisiete fuentes de poder, de atención a lo cercano, una plataforma que, sin ser consciente, crea un clientelismo, o unos grados de jerarquía o supuestos derechos adquiridos que colapsan ciertas posibilidades de crecimiento y de probar otras fórmulas
Soltado el discurso, intento apartarme de mi propia obsesión y me centraré en algo que no está solucionado ni de forma ni de fondo en ninguna de las administraciones que tienen competencia en estos asuntos: los nombramientos para dirigir los eventos, festivales, teatros o unidades de producción. Nos ponemos en lo óptimo y propiciamos que sea siempre pensando en el bien común y no en los amiguismos, los hombres o mujeres de partido, las estrellas de otros medios y que en todos los casos, existe una comisión, un grupo formado por políticos, profesionales, asesores que intentan solventar de manera directa o por convocatoria pública este punto de máxima importancia ya que, en teoría se le dará a la persona elegida una autorización y libertad para gestionar presupuestos, personales, medios para llevar a cabo una programación, unas gestiones, unos proyectos, unos presupuestos para lograr unos objetivos fijados previamente.
Me he manifestado multitud de veces. Sin un ordenamiento general, el sistema de selección me parece algo no esencial. Claro, yo diría que debe ser por convocatoria pública, que pueda acceder todo aquel que se crea capaz de llevarlo a cabo, que se elija no solamente un nombre, sino un Programa, un Proyecto, y que todo el proceso sea transparente. Pero para esto, lo importante es saber qué se quiere. Y esa es la parte difícil, porque me temo que se llega a los ministerios, las consejerías y las concejalías sin programa de partido. Y si ya hay que pactar con otros partidos para lograr el poder y se entrega Cultura a los minoritarios, aunque sean de extrema derecha, el asunto se complica bastante más. Por lo tanto, el problema viene desde el inicio. Y me estoy refiriendo a los festivales, eventos, teatros o unidades de producción donde hay posibilidades de tener al frente a personas de una capacidad específica, porque en la inmensa mayoría de las programaciones en los teatros del Estado español, las salas y teatros de exhibición, que son en su mayoría de titularidad municipal, las personas que están al frente de estos contenedores deben cubrir un amplio temario, es decir, se dedican al departamento de cultura, deportes y turismo, por ejemplo con todas su gamas y subtemarios.
Las convocatorias públicas habituales son un saco de trampas. Los convocantes elijen un grupo de personas, más o menos cercanas en lo ideológico, que van a apostar, lógicamente, por aquellas propuestas que se ajusten más a lo que piensan o desean. Y normalmente no hay una asignación directa del puesto, sino que esta comisión propone una terna y la autoridad superior convocante elije a quien le parece más adecuada. Siempre aparece en la terna las personas que los que llevamos años viendo estos juegos de magia sabemos que son los que preferirían los convocantes. Y acostumbramos a acertar. Por lo tanto, lo principal es buscar en el derecho comparado, en donde sea. tipos de convocatorias trasparentes y que se sepa, antes de nada, la composición de ese jurado que va a seleccionar a los favoritos. Es ahí donde están las claves. Las sospechas. Las dudas. Los mosqueos.
Por eso una selección directa que es igual de constitucional, tiene un valor evidente: quien elige se responsabiliza. No hay ninguna coartada. Otra cosa es si esas elecciones son adecuadas, sin se hacen dentro de una estrategia, de un plan, o se trata de pagar favores, o propiciar posteriores alianzas comerciales, asunto que también puede suceder y que nos abre otro asunto donde algunos detectamos una cierta tendencia a la corrupción.
En estos momentos estamos viviendo una situación que no soy capa de analizar con claridad ya que se mezclan los afectos, las ideas, los deseos, hasta creo que la rabia y que a la vez se detectan clanes con intereses económicos que se han cruzado y condicionado de manera excesiva la programación de estos años pasados. Me refiero al FIT de Cádiz. Fui beligerante, muy beligerante con el nombramiento a dedo de Ia pareja que desde el INAEM se colocó al frente y que tras posterior convocatoria pública salieron nombrados. Era obvio que esas personas no conocían ni Cádiz, ni el teatro iberoamericano. Que sus decisiones eran peregrinas, fuera de toda coherencia con el pasado de este festival.
Y ahí intervenimos de manera directa. Y eso nos llevó a ser vilipendiados, insultados y, sobre todo, censurados por la pareja. Fueron años muy agitados. Es claro, obvio, evidente mi amistad con Pepe Bable, pero no bastaba con que dijera cada vez que tenía ocasión que yo no reivindicaba nada, porque Bablé se jubiló, sino que advertía de la desnaturalización de la programación, la falta de conexiones con la realidad iberoamericana y la entrega a un clan, a un grupo de personas con festivales y productoras que asesoraban y se programaban en el FIT.
El año pasado, divorciada la pareja, quedó al frente la titular, Isla Aguilar. Por primera vez en años tuve la ocasión de hablar con ella, en la puerta del Teatro Falla. La noté muy desbordada. Muy triste. Me confesó que tenía ganas de abandonar, que la tensión, la situación era insostenible, se sentía aislada, le estaba comiendo la salud. Yo sabía por la otra parte detalles de su gestión que no hablaban muy bien de la manera de funcionar. Existía por lo tanto una fricción y, no se olvide, en mayo cambiaron los responsables políticos del ayuntamiento y eso, influye, desgraciadamente, es una tendencia nefasta, poner en esos lugares, aunque hayan llegado por convocatoria pública a alguien que consideran de los suyos. Recuérdese que en el Teatro Español se anuló el contrato a Juan Carlos Pérez de la Fuente, por la llegada de Podemos a la alcaldía.
Pues se ha llegado a una resolución en el Patronato del FIT y han destituido a isla, le quedaba un año de contrato y han nombrado un grupo de personas para la gestión de la edición de este 2024 y para preparar una convocatoria pública bien estructurada para elegir a quién se haga cargo a partir de la edición de 2025. Es una solución traumática. Estoy convencido de que las personas que aparecen en la lista de esta comisión de urgencia son solventes. Tiene experiencia en el propio FIT, con el jubilado Bablé o Ramiro Osorio, uno de los grandes de la gestión teatral, y otros más, a los que conozco y considero que tienen una mirada abierta y a favor de la recuperación de un estilo, de un proyecto desde Cádiz, hacia Iberoamérica, que, a mi entender, se había perdido o mediatizado.
Yo mantengo un resquemor, el INAEM y la AECID no votaron a favor del desistimiento del contrato, pero las mayorías lo decidieron. Sin entrar en detalles, dado que en el actual Ministerio y el INAEM hay personas cercanas a la destituida, si estas instituciones que son las que aportan un caudal presupuestario mayor, se desentienden o recortan cantidades, la viabilidad se hace, todavía, más difícil.
Pongo este ejemplo, lo desarrollo porque me siento concernido. Veo una virulencia en redes, artículos y conversaciones directas que no me parece ni lógica ni positiva. Las amistades no se cuestionan, las gestiones sí. Las decisiones pueden ser buenas, malas o regulares. Y así en todos los órdenes.
Resumiendo, estoy convencido que en el fondo hay un tesoro a descubrir. Que debe cambiarse todo el sistema, volver a pensarlo, aplicar todos los avances en ciencias sociales, en tecnologías, en maneras de relacionarse con la ciudadanía de las artes escénicas y la cultura en general. Y lo primero que se debería hacer es que los contratos de gestión no coincidieran nunca con los ciclos electorales. Que para un desistimiento de un contrato deban existir procesos garantistas reglados. En la educación o la salud, en sus puntos esenciales de gestión y dirección, no cambian por norma al cambiar los partidos que ostentan la mayoría.
