Pilar Bardem encabeza la única candidatura registrada para formar un nuevo Consejo de Administración de AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), entidad que recauda y distribuye entre los actores, bailarines y directores de escena los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual les atribuye. La candidatura de Pilar Bardem será la que gobierne el colectivo de los artistas a partir del próximo 25 de junio, fecha de la cita electoral. Una amplia mayoría del colectivo artístico ha valorado el periodo precedente de mandato del equipo de Pilar Bardem, pues ha conseguido situar a AISGE a la cabeza de todas las entidades de artistas de su género a nivel mundial.
Bardem seguirá siendo durante los próximos cuatro años la presidenta de los actores, bailarines, dobladores y directores de escena. La actriz sevillana, que ya ocupaba este cargo desde 2003, encabeza la única candidatura que se ha presentado para concurrir a las elecciones para el Consejo de Administración de esta entidad, que tendrán lugar el próximo 25 de junio. Durante su mandato, AISGE ha multiplicado por ocho los ingresos para sus socios y ha reducido hasta el 4% su tasa de administración, el indicador sobre el coste de la gestión. El plazo para presentar candidaturas a las elecciones de AISGE expiraba a las cero horas de ayer martes y, finalmente, sólo la lista de Bardem concurrirá a las urnas. Su candidatura supera, entre los titulares y los suplentes, el centenar de artistas, entre los que figuran José Luis López Vázquez, Amparo Baró, José Coronado, Ana Belén, Fernando Tejero, Juan Diego Botto, Aitana Sánchez-Gijón, Sergi Mateu, Rosana Pastor, Javier Cámara, Ariadna Gil, Emilio Gutiérrez Caba, Ana Fernández, Juan Diego, Silvia Marsó, Paco León, Aurora Bautista, Carmelo Gómez, Pilar López de Ayala, Coque Malla, Toni Acosta, Josep María Flotats, María José Goyanos, Nuria González, Carlos Hipólito, Lola Dueñas, Pepe Viyuela, Beatriz Carvajal, Guillermo Montesiona, Llum Barrera, Tristán Ulloa, Ana Gracia, Emma Ozores, Fernando Chinarro, Julieta Serrano, Empar Ferrar, Lolita, Ana Gracia, Alberto de Mendoza, Alicia Borrachero y un largo etcétera.
Bardem agradeció la confianza que le deposita la profesión. “Es importante que nos mantengamos unidos en estos momentos decisivos”, apuntó en referencia al proceso de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que mañana mismo se vota en el Senado. Y agregó: “Con demasiada frecuencia se olvida que la esencia de esta Ley debe ser proteger a los creadores; es decir, que participen en la explotación de su obra y cuenten así con un incentivo económico para mantener a sus familias”.
La reforma en cuestión tenía por objeto incorporar a nuestro Derecho interno la Directiva 2001/29/CE, conocida como la directiva de la Sociedad de la Información, que no hace sino actualizar y adaptar la normativa preexistente al contexto de las nuevas tecnologías, sobre todo al uso de contenidos culturales a través de Internet.
Ése era el objeto concreto y limitado de la reforma. Sin embargo, como viene siendo habitual en las últimas décadas, cada vez que se toca el tema de los derechos de autor o de los derechos conexos (los del artista y productor), afloran opiniones e intereses de muy difícil conciliación. Se evidencia así una tensión constante entre los fabricantes y distribuidores de tecnología y los creadores de los contenidos (autores, artistas y productores).
Por capricho del destino y del calendario, coincide ese acalorado debate político y técnico de la LPI con la renovación de los órganos de gobierno de los actores, bailarines y directores de escena (AISGE). El texto del proyecto de reforma que mañana vota el Senado ya fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 16 de marzo y no difiere mucho del que remitió el Gobierno a las Cortes el 26 de julio de 2005. Ya entonces mostrábamos nuestra valoración positiva hacía dicho texto, si bien, aprovechando el trámite de enmiendas conferido a los distintos Grupos Parlamentarios en la Cámara Baja, se realizaron observaciones y sugerencias encaminadas a la mejora del proyecto. Convine destacar el amplio consenso alcanzado entre el PSOE, PP, IU y CIU en el Congreso y deseo de la comunidad creativa que tal espíritu predomine en el Senado. España es una potencia mundial en terreno cultural y este sector, a su vez, coadyuva decisivamente a que también nuestro país ocupe una posición de privilegio en el sector turístico. España siempre, desde finales del siglo XIX, fue pionera en sus leyes de propiedad intelectual y las misma han servido de ejemplo a muchísimos países del entorno europeo y latinoamericano. En términos generales, AISGE comparte, con algunos matices, la necesidad y oportunidad de las reformas contenidas en el Proyecto de Ley, ya que en su mayoría buscan y hallan un justo equilibrio entre los intereses contrapuestos de creadores intelectuales y usuarios o deudores, enfrentados con mayor agudeza en el ámbito de las explotaciones propiciadas por las nuevas tecnologías, las cuales, hasta ahora, se han llevado a cabo, en la mayoría de los casos, sin control ni compensación alguna para los creadores. Siendo preciso recordar, además, que las normas sobre propiedad intelectual como la presente nacen y sientan su fundamento en el propósito de proteger y tutelar el interés del creador y no tanto el del explotador de las creaciones.
Y, por otro lado, AISGE considera que algunas reformas propuestas en el Proyecto deberían ser aclaradas, suprimidas o reformuladas, con el fin de atender en la mayor medida posible a los principios que informan la materia y su finalidad protectora del creador, así como para lograr un mayor respeto al espíritu de reforma mínima y fidelidad con las normas objeto de transposición que inspira la labor emprendida por el Gobierno. La aclaración, supresión o reformulación de estos aspectos, sin embargo, no afectaría de manera sustancial a las modificaciones previstas en el Proyecto, por referirse a cuestiones, en algunos casos terminológicas, y, en otros, a aspectos accesorios del ejercicio de los derechos previstos en la ley.
En este sentido, el director general de AISGE, Abel Martín, aplaudió “con algunos matices” las reformas que contiene el Proyecto de Ley, “ya que, en general, hallan un justo equilibrio entre los intereses contrapuestos de creadores intelectuales y usuarios o deudores”. Martín defendió la regulación del derecho de puesta a disposición (usos de películas, series o canciones en Internet) y la reformulación de los derechos morales del artista, “dos grandes logros que benefician a toda la comunidad artística –audiovisual y musical– y que deberían convertirse en norma definitiva tras su paso por el Senado”.
En cambio, el máximo responsable de la entidad criticó con dureza el informe de esa “extraña comisión de asesores” del ministro Montilla, “manchada de dudosa imparcialidad porque en ella sólo están representadas la industria y las multinacionales de las tecnologías”. El director general de AISGE defendió sin ambages la vigencia del canon compensatorio por copia privada. “La filosofía que encubren las multinacionales es que los contenidos sean gratis en tanto que los instrumentos técnicos sigan adquiriéndose a cambio de un precio. Es como si un buen día la industria del automóvil reivindicara, para ser más competitiva, que la gasolina fuera gratis”.
Martín recordó que, paradójicamente, quienes propugnan la supresión del canon por copia privada “son los más beneficiados por el sistema”. Y explicó: “La industria de los CD o DVD vírgenes y de los aparatos de reproducción ocupan las cuotas de mercado actuales en España gracias a que los ciudadanos pueden grabar libremente de la televisión o de un soporte a un disco virgen. De no existir tal sistema de licencia legal a cambio de un canon, cualquier ciudadano que deseara grabar algo estaría obligado a solicitar de los creadores o productores una autorización específica y a pagar una remuneración varias veces superior al actual canon”. Todo apunta, pues, a que durante el verano se tendrá transpuesta la directiva que motivó esta reforma, cuyo proceso se ha dilatado en exceso (cuatro años) y ello ha supuesto un desgaste importante tanto político como técnico para todas las partes implicadas. Pero sólo con normas nacionales, comunitarias e internacionales que se apoyen en los valores de justicia, claridad y equidad pueden sostenerse tanto el fundamento de la propiedad intelectual (proteger económica y moralmente al creador) como los beneficios que la misma comporta para el desarrollo cultural, social y económico de los pueblos.
