Casi todos somos capaces de improvisar de forma aparentemente estructurada y con argumentaciones de peso una manera infalible y justa para que las ayudas y subvenciones se puedan repartir de una manera que va a ayudar definitivamente al desarrollo de las nuevas dramaturgias, las empresas ya consolidadas, los creadores emergentes, la danza contemporánea, el teatro para niños y niñas, el de calle, los títeres y el teatro de objetos y hasta la climatología adecuada para que todas esas ideas se puedan convertir en algo palpable en dos decretos.
El problema llega cuando hay que poner todas esas buenas voluntades en un decreto, una reglamentación, una convocatoria que debe pasar por los filtros políticos, económicos, las presiones de los gremios y asociaciones, los planes y los equipos jurídicos locales, regionales, nacionales, europeos y galácticos, que ya llegarán. Es decir cuando llegamos a un punto en que para que se realice en un circuito una actuación unipersonal son necesarias una docena de funcionarios y unos cuantos intermediarios más, tenemos que empezar a ponernos a pensar de nuevo todo, convencerse de que se ha llegado hasta este lugar con aportaciones de todos, con voluntad de mejorar lo que existía, pero que en la acumulación de reglamentaciones hemos llegado, al menos en España con su Ministerio de Cultura y la complejidad administrativa de las diecisiete Comunidades Autónomas que tienen sus correspondientes Consejerías de Cultura y por lo tanto sus propias reglamentaciones, que pueden solaparse con las de las diputaciones en algunos lugares y con las acciones emprendidas por los ayuntamientos, a un punto que nos coloca a todas luces en una situación muy poco funcional.
Parece evidente que desde todos los sectores, creativos, productivos, de gestión, exhibición o difusión hemos de conjurarnos para aportar desde la más sincera generosidad soluciones para que sin renunciar nadie a nada seamos capaces de hacer viable el futuro y se puedan mantener ayudas para un progreso sostenible de las artes escénicas en su conjunto, sea a base de reglamentaciones nuevas, leyes o decisiones tomadas con la serenidad pertinente y que dibuje el terreno de juego de los próximos tiempos. Esta crisis va a provocar más de un desastre y todo porque no existen los criterios suficientemente asentados para que una programación de un teatro no depende del capricho de ningún político ni funcionario.
Porque además de la reglamentaciones, filtros, previsiones jurídicas que se deben colocar para que se pueda repartir el poco dinero existente de la manera más objetiva posible, resulta que en el momento de la verdad se crean unas comisiones nombradas de diferentes maneras en según que instancias que se convierten en los jurados que pueden ser incluso parte, y que acaban o dando directamente o recomendando al responsable político de turno el nombre de los montajes, las compañías o grupos que deben recibir la ayuda o subvención. Es decir que al final el factor humano, con sus fobias y sus filias, tiene una importancia importante.
Existen comisiones para otorgar ayudas a la producción, a la giras, pero también hay circuitos que se forman a partir de informes, recomendaciones o decisiones de unas comisiones, es decir, para decir que NO a un montaje, a una representación de una obra, son necesarias varias personas, dietas, viajes y reuniones. Demasiadas. Por lo tanto entre jurados y conjurados, hemos creado un entramado de instancias y pantallas de protección que desde luego no ayudan a la sencillez y que, en demasiadas ocasiones, se olvidan de los públicos, de todos los públicos existentes, y parece que se dedican únicamente a quedar bien con sus jefes inmediatos, sus amigos o unos intereses poco claros.
Existen soluciones. Sólo es necesario coraje y voluntad política.
Y no es coña.
