La redacción de las convocatorias de ayudas y subvenciones es una de esas piezas del lenguaje administrativo que nos depararían un anecdotario extenso si no fuera uno de los graves problemas existentes actualmente en la práctica de cualquier actividad creativa, industrial, comercial o cultural. A instancia e impulsos de los políticos, los técnicos van seleccionando objetivos, y van colocando en el otro fiel de la balanza las cláusulas que impidan la arbitrariedad. Una vez realizado el borrador, en ocasiones consensuado por alguien de fuera, pasa por las manos de los equipos jurídicos y entonces entran más prevenciones, ajustes con todas las legislaciones concurrentes y al final es el interventor quien da el visto bueno definitivo aportando la partida presupuestaria necesaria.
Lo anterior, escrito sin más intención que hacer un repaso en grueso, es lo que se supone y acostumbra a suceder. De toda esos borradores, ajustes legislativos y económicos salen las convocatorias de libre concurrencia y los posteriores apartados para la justificación de la actividad subvencionada en la que se solicitan más prevenciones, más certificaciones y más papeles. Para ir resumiendo, hay piezas que son monstruosas en su sintaxis, otras cojas en sus intenciones, algunas ideológicamente infumables, y la mayoría con apartados que son fruto de circunstancias particulares que al plasmarlas como restricciones las convierten en universales. Si se fijan, en todos los gremios hay voces discordantes de que se abre una convocatoria para becar a escritores, pero se excluyen a los mayores de cierta edad, o en otras se borran de una redactado una parte importante, como es el caso de las revistas especializadas en Artes Escénicas que ya no tienen dónde apoyarse para su continuidad.
Y así sucesivamente, hasta llegar a que una convocatoria para ayudas a las compañías a la salida al extranjero del gobierno vasco, obliga a ir a una serie de festivales que se señalan en la convocatoria, y se impide la ayuda para la inmensa mayoría de los festivales del globo terráqueo. Es una cláusula absurda, absolutamente risible, entre otras razones porque en el listado publicado en el Boletín aparecen festivales que han desaparecido y faltan festivales importantes, gloriosos, los mejores de ciertos países. ¿Por qué no están? Por desidia, por reiteración, por copiar y pegar, por gandulería y por falta de cintura de todo el entramado, incluido, en este caso, las empresas que han aceptado esta anomalía que si se intenta mirar con un poco de mal ojo parece un residuo de un intervencionismo, amiguismo y control desmesurado..
Pero no quisiéramos pararnos en anécdotas y disfunciones, sino en el entramado burocrático. Uno conoce que quitan a un director de un festival como el de Almagro, y con muy poca transparencia se insinúa en algunos medios que es por la deuda acumulada, y en otros se rumora que esa deuda, además, tiene partidas considerables de “difícil justificación”. Perfecto. Un instrumento ministerial, con todo su aparataje, su nómina interminable, cae en una deriva que, aseguran, se acerca al millón de euros de deuda y alguna de esa deuda es de difícil justificación, mientras a los pobres ciudadanos normales, a la iniciativa privada, nos fríen a problemas, a reiteración de papeleos, a peticiones de certificados que en estos tiempos están a un click. Es como si los funcionarios estuvieran en celo, pero claro, solamente con los pobres y débiles. ¿Quién mete mano en los gastos de los señoritos, de los directores generales, de todo ese entramado? Nadie. No se atreven, hasta que sucede algo muy gordo. O cae en desgracia. O llega alguien que tira de la manta o levanta la alfombra. O hay una venganza o un despecho.
En el Ministerio de Cultura, sin ir más lejos, si a todos los concurrentes a las convocatorias de ayudas diversas les ponen todos los problemas que a Artezblai, S.L., un día se hundirá por el peso de los papeles. El Ministerio está todo en un mismo edificio, y en cada planta hay una dirección general, pues bien, a los pobres ciudadanos nos solicitan fotocopias compulsadas de los estatutos, sus registros mercantiles, células, etcétera, y todo el papeleo para cada solicitud. Les juras que ya están en el Ministerio, en tal dirección general, pero no lo dan por bueno, se tiene que mandar unas fotocopias por cada solicitud. Y al final de todos estos gastos, de esta burocracia decimonónica, para que te den una limosna, que represente, por ejemplo, un dos por ciento de la actividad, y que a la hora de justificar el gasto, se dediquen como una santa inquisición a buscarle tres pies al gasto. Vivimos en le mundo de lo electrónico, lo global, la comunicación instantánea, pero parece que es una excusa para tocar las narices con más papeleos. Seguramente tienen su razones, que hay mucho sinvergüenza suelto que intenta colar los pufos más inverosímiles, pero los que llevamos mucho tiempo relacionándonos con los ministerios, sabemos que hay una cuestión personal, por una lado, es decir hay funcionarios ejemplares que cumplen su cometido colaborando con la ciudadanía solucionando problemas, no creándolos, y que por razones inexplicables, hay momentos en donde se dan órdenes generales para molestar un poco más.
Lo que deberían hacer es usar esa energía en mirarse sus agujeros, que los pagamos todos. Y no es demagogia. Los ciudadanos, empresas, compañías, revistas, hacemos actividad que deben recibir ayuda, y no nos deben mirar en el ministerio, gobiernos autónomos, diputaciones o ayuntamientos como delincuentes o enemigos, sino, justo lo contrario, hacemos lo que todo el aparato burocrático no sabe y no debe hacer. Llegará un día en que los ciudadanos empezaremos a rebelarnos, y miraremos toda la actividad de los ministerios, consejerías, diputaciones y concejalías con la lupa bien limpia porque esto huele a ley del embudo. Ellos tienen millones de “difícil justificación”, y nosotros justificamos hasta el último céntimo y siempre recelan, porque han olvidado la presunción de inocencia. Están en celo burocrático.
