Sin saber con exactitud el alcance judicial de la operación Saga que ha llevado a la detención y puesta en libertad con cargos de varios responsables de la dirección de la SGAE y empresas satélites, la operación de la Guardia Civil para su registro y aplicando la presunción de inocencia para todos y cada uno de los supuestamente encausados, lo que es innegable es que culmina una etapa negra para la gestión de derechos de autor, para la propiedad intelectual y coloca a los autores y creadores en la indefensión más absoluta, debido a los errores de los equipos directivos de los últimos quinquenios que han conseguido el deterioro más absoluto de la imagen de la SGAE, junto a un crecimiento económico cuestionado y cuestionable que, además, puede haber servido para el enriquecimiento de algunos en particular.
Siendo grave la presunta actividad no del todo lícita de algunos de los dirigentes, lo lamentable es que se hayan fundido por obcecación y malos usos de su poder, la credibilidad de los autores. Los datos que se conocen, son muy lamentables, pero lo realmente infumable es el sistema de representación en esta sociedad. Soy socio de la misma desde hace varias décadas, uno de esos marginales que contamos para decir que somos cien mil socios, pero que no tenemos ni voz, ni voto, ni posibilidades de ejercerlo. Aquí no vale un hombre un voto, sino que quien más ingresa, más votos tiene, lo que es algo aceptado estatutariamente, y todos cuantos en ella estamos, lo aceptamos al inscribirnos, aunque nos parezca muy poco saludable democráticamente.
Los hechos que ahora nos conmocionan han sucedido el día después de celebrarse unas elecciones en las que la candidatura continuista ha tenido un cincuenta y siete por ciento y la alternativa un cuarenta y tres por ciento de los votos emitidos. Con este resultado, en cualquier sociedad medianamente puesta en los hábitos democráticos del siglo veintiuno, se haría una junta directiva con miembros de ambas opciones. Pues aquí, en la SGAE, no: se va (o se iba) a constituir una junta con miembros únicamente de la encabezada por Teddy Bautista. Cuesta entenderlo, pero es así el funcionamiento interno.
Insisto, todo esto sucede porque los autores y editores en ella representados lo quieren. Por lo tanto no existe ningún viso de ilegalidad. Lo que sí es mucho más difícil de encajar estatutariamente e incluso legalmente, es toda la locura societaria emprendida por este equipo directivo. La creación de fundaciones, empresas paralelas, transversales, adjuntas, subsidiarias que han desvirtuado los valores fundacionales de la SGAE y que son los que han creado, al parecer, todos los problemas, porque se trata en algunos casos de asuntos recurridos en los tribunales, porque el dinero de los autores se ha ido convirtiendo en dinero de los gestores, que se ha utilizado para asuntos que no todos los socios comprenden y que visto desde fuera, algunos hemos señalado como ajenos a lo que sería la función lógica de una sociedad de gestión.
Por si esto fuera poco, estamos hablando de una concesión administrativa, que en la práctica, se convierte en un monopolio. Y siendo así, es insultante la actitud de la ministra del canon, González Sinde en esta crisis, su tibieza, su seguidismo a los directivos de esta sociedad, su entrega de manera lesiva para los intereses generales de la ciudadanía. Hay que defender los intereses de los creadores y autores, claro que sí, aquí está este fiel infante para ponerse al frente de ello, pero hay que conciliar este derecho con otros muchos, y no es más importante que ningún otro. Menos tampoco, pero no más.
Por lo tanto, este asunto nos va a dar material para la reflexión durante meses. El daño está hecho: el del proceso abierto, y el que se ha señalado de uso no adecuado de los recursos de las SGAE que señalo a título personal. Pero estamos hablando de un lugar en donde conviven editores de música, creadores de música, dramaturgos, y es aquí donde hay que hacer un punto y aparte muy específico. Lo que se conocía como Gran Derecho, es el que hay que rescatar de estas garras. No hay que confundir. El canon digital no le da ni un céntimo Alfonso Sastre, por poner un ejemplo de dramaturgo incuestionable y defensor de las SGAE. Por lo tanto no hay que meter a todos en el mismo saco. Es más, suceda lo que suceda judicialmente, sea cuál sea la respuesta política del gobierno, la situación de la SGAE ha cambiado, o debería de haber cambiado, internamente, y se debe ir a separar unas cosas de otras. Los derechos de autor son sagrados, su gestión no. Y aquí se vuelve a la duda, ¿un derecho debería ser gestionado desde lo publico y no desde lo privado? Por eso la concesión administrativa. Pero quizás si se trata de entender que son simples comisionistas por gestión, si se le quita rango pero no eficacia y seguridad jurídica, se podría entrar en otra fase.
Lo que es recomendable que hagan todos los dramaturgos que están en el equipo de dirección es pedir claridad sobre Arteria. Ese es un grave problema con una gestión telúrica, rematadamente mala, comercial, nefasta, unas inversiones que huelen un poco y que están deteriorando todavía más la imagen de la SGAE además de crear una competencia desleal.
Porque nadie se olvide, sean los piratas honrados, las brujas guapas y los lobos buenos en un mundo al revés, en el de verdad, en del derecho, esto es un nuevo atropello a la ya deteriorada imagen de la Cultura. Sin paranoias ni actitudes matonistas como la del señor Caco Senante, amenazando a los medios de comunicación, empezando con los que han tenido responsabilidad en esos últimos tiempos y terminando por el último mono de esta sociedad, con el apoyo del mundo de la cultura y los medios de comunicación, tomando decisiones políticas pensadas y consensuadas a través del derecho internacional comparado, esto hay que arreglarlo ya. Insisto, suceda lo que suceda con este proceso iniciado en la Audiencia Nacional. Y esperamos, deseamos, que todo se aclare con prontitud.
