De verdad, hasta el confinamiento español de la Covid-19, decretado el 14 de marzo, no tenía mucha idea de la dimensión de esta pandemia asesina. La noticia me cogió viajando plácidamente por Florida y el Caribe, lugares cálidos donde cada año suelo pasar los meses de febrero y marzo. Las pilas me las puse algunos días después al leer una noticia en San Juan de Puerto Rico que dejó a la hermosa isla atemorizada. Un grupo de turistas italianos, que asistieron a una discoteca el Día Nacional de la Salsa, habían contagiado a algunos puertorriqueños. Y la gobernadora ordenó cancelar los eventos de mucho público, entre ellos el Festival Internacional de Teatro Puertorriqueño. Fue entonces cuando empecé a tomar conciencia de la gravedad que podía tener esta crisis sanitaria en España, donde las medidas de confinamiento igualmente desarmarían las endebles estructuras de las Artes Escénicas y, máxime, las de Extremadura (montajes y giras de las compañías y sus Festivales del verano).
En los días siguientes, la situación de contagios en EEUU había empeorado y el presidente Trump -criticado por el descontrol del brote en Nueva York- decretó el estado de emergencia, con restricciones al libre flujo de personas en las calles y el cierre de teatros, estadios y museos, complicando mi estancia hasta el día de mi regreso a España, que debía hacer la última semana de marzo desde Miami.
Fue en esta atractiva ciudad de la «Littel Havana» y de la famosa playa de Miami Beach (lugar de muchos turistas que cerraron dos días después de llegar), donde hice mi confinamiento americano, que aproveché para informarme de la situación teatral mundial indagando en la variedad de noticias que revelaban la conmoción y la inseguridad aterradora que -por las cancelaciones y cierres- se les venía encima a las artes escénicas y a sus trabajadores. Un dato significativo fue la noticia de suspensión de los dos festivales teatrales más importantes del mundo: el Festival de Edimburgo (Escocia) y el Festival de Aviñón (Francia), que se celebran en el verano. De España supe que algunas asociaciones de distintas comunidades relacionadas con las artes escénicas, el circo y la música empezaron a hacer frente a la situación de la crisis con comunicados y propuestas de prevención enviados al Ministerio y a las instituciones de Cultura regionales. De Extremadura, nada decían los periódicos, ni de los artistas a los que se les habían anulado las funciones, ni de la Consejería de Cultura paralizada por esta realidad anormal. Todo un silencio impropio al respecto de la compleja situación, que sentía tan destructivo como la propia pandemia.
Se acercaba la fecha del 27, Día Mundial del Teatro, que es un día de reivindicaciones. Y me dieron ganas de escribir, como lo he hecho otros años, pero creí que, esta vez, era el colectivo de artistas extremeños afectados quienes tenían motivos suficientes para manifestar públicamente sus preocupaciones de ser un sector cultural y artístico de pequeñas empresas con trabajadores intermitentes, sin salario fijo, sin contratos estables y faltos de un marco legal que contemple su actividad en los ámbitos laboral, tributario y de protección social. El pasado año publiqué en este medio «La política teatral extremeña, paraíso de la arbitrariedad y la impunidad«, artículo que denunciaba la eliminación por la Consejería de Cultura del Plan de Acción Teatral Educativo de la Extremadura Rural, después de 25 años de fecunda actividad ininterrumpida. Una metedura de pata (no enmendada todavía) de sus responsables culturales –Nuria Flores, Mirian G. Cabezas y Tony Álvarez-, haciendo tragar un enorme sapo que no cabía en el plato al presidente Fernández Vara, mirando para otro lado.
Regresado de América, desde mi confinamiento en Extremadura durante el mes de abril, estuve al tanto, en la primera quincena, de que algunas autonomías habían respondido positivamente con medidas extraordinarias a los comunicados y propuestas de prevención de la crisis enviados por las asociaciones, después de reunirse con ellas para tratar un plan consensuado de ayudas directas a los creadores y profesionales más desprotegidos a corto plazo. Y de que, por parte del gobierno central sólo se oyeron buenas palabras de apoyo, pero la comparecencia -el día 8- del ministro de cultura José M. Rodríguez Uribe dejando escapar que «primero la vida y después el cine«, causaron decepción en muchos sectores profesionales de la cultura, que le respondieron con duras críticas. Y con el aviso de un «apagón cultural» los días 10 y 11. Las demagógicas palabras, impropias de un filósofo, para mí -que no estoy en contra de este gobierno sino de las cosas mal hechas-, la incompetencia mostrada por el ministro no era otra que su desconocimiento de las condiciones del trabajo artístico. Obviamente, entiendo que primero está la vida, pero no sólo la de los infectados sino también la de los artistas sin recursos que pueden perderla incluso antes, hundidos en la desesperación, la depresión o la locura. Menos mal que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inmediatamente, salió al paso de tan desafortunada intervención comprometiendo crear un equipo de trabajo con Cultura que estudiase las necesidades «más urgentes y concretas«. Aunque todo ello, hasta ahora no han sido más que buenas palabras y que la cultura vuelve a convertirse en la víctima sacrificial de Hacienda.
Pero en la segunda quincena, he podido observar que las medidas para resucitar la Cultura en general y concretamente las Artes Escénicas, han estado fatalmente entorpecidas, retardadas y con sus artistas más vulnerables bordeando el abismo económico. Parece que no ha sido fácil encontrar soluciones inmediatas por parte de las instituciones, que andan patéticamente a la gresca (entre el gobierno central y las autonomías por ser las primeras en «desescalar»), con argumentos por cómo se afrontará la crisis y qué medidas se adoptaran para relajar el confinamiento y relanzar la actividad económica. Argumentos dilatorios que para las Artes Escénicas amenazan con un peligro real de supervivencia. Lo evidente es que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas -que manejan un enorme porcentaje del presupuesto público para la cultura- permanecen prácticamente inactivos y que, verdaderamente, aún estamos a años luz de nuestros vecinos europeos que ya habían tomado decisiones de mucho calado para atajar esta crisis. Está el ejemplo de Alemania, que -desde el principio de la crisis- anunció un paquete de 50.000 millones de euros.
En Extremadura, que se cumplen ya dos meses de silencio de la Consejería de Cultura (aquí no parecen saber eso de que las crisis hacen emerger a los verdaderos líderes y retratan a quienes se esconden ante la adversidad), la única noticia pública que se recibe es de Jesús Cimarro, líder allá en Madrid y acá en la colonia -tal vez por la gracia de Iván Redondo y de los políticos extremeños, Monago y Vara–. El empresario vasco/madrileño, que ha estado haciendo «pedagogía» asesorando a los políticos de Madrid y de Extremadura (sin explicar debidamente por qué se han suspendido los festivales de Edimburgo y de Aviñón), declaraba que si el 15 de mayo se levantaba el confinamiento en julio se podía hacer el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Para mí, no es de extrañar que Cimarro quiera agarrarse como un clavo ardiendo a que se celebre el evento. Es su gallina de los huevos de oro. Y para salvarlo sólo ha hablado de ajustar fechas y acomodar espectadores. Ahora bien, para quienes conocemos los sistemas de producción de las obras de calidad que se montan en el espacio del Teatro Romano, no creemos que se puedan representar espectáculos en julio, en las fechas que dice, a menos que sigan montando esas funciones casi sin ensayar, con artistas del «famoseo patrio» (como fueron los bodrios del año pasado de Rafael Amargo y de Concha Velasco, que para colmo los consideró sus «estrellas» del Festival). Con mucha suerte, tal vez pudiese hacer un Festival reducido en Agosto. Algo que también dudo ahora que el presidente Pedro Sánchez está anunciando que hasta finales de Junio no se habrá terminado el plan de desescalada que permita la movilidad de la población.
No obstante, me gustaría que se pueda hacer el Festival, no deseo que haya un rebrote del virus, que me haga pensar que la suspensión podía ser debida a un castigo bíblico de este año a Cimarro, por haber aceptado a dedo la prórroga de la dirección cuando había un concurso en marcha que tuvo que ser pospuesto, y al alcalde de Mérida José Osuna, por haberse otorgado con toda la cara la Medalla de Extremadura, en el peor momento estético y de embrollos administrativos del evento. Si el Festival sólo tuviese cabida en Agosto, sería relevante dedicar esta edición a que la participación extremeña fuese mayormente apoyada (como se va a hacer de forma especial en otras comunidades ayudando a sus artistas). En este mes podrían participar en el Teatro Romano las dos compañías extremeñas seleccionadas que estrenan cada año junto a otras dos compañías producidas por Cimarro. Y en las actividades paralelas de animación se potenciarían los pasacalles y el teatro infantil de temática grecolatina. Y, por supuesto, no dejar la actividad descentralizadora en los espacios romanos de Medellín, Regina y Caparra con obras de otras compañías extremeñas de la edición anterior. Todo con la mitad del presupuesto aprobado. Con la otra mitad, que debería sumarse a los presupuestos asignados a las Artes Escénicas de la Consejería de Cultura, se podrían reforzar las campañas de representaciones y de formación teatral de espectadores objetivos. Sería una buena solución para que el sector de las Artes Escénicas extremeñas se recuperase del terrible cerrojazo forzoso temporal que ha desatado la pandemia.
Volviendo al silencio de la Consejería de Cultura, tampoco se ha sabido nada en los medios de las dos asociaciones de teatro y danza extremeños, que reúnen alrededor de 50 compañías. Y algo da que cavilar que -tanto en la institución como en las asociaciones- haya como muchas veces incompetencias, adocenamientos y sospechas de esas atmósferas repugnantes en donde medran bastantes con un grado máximo de vileza ética y estética. Sólo en la última semana apareció un manifiesto firmado por la cantante Pilar Boyero en representación de cien empresas musicales de ocio y cultura, dirigido a Fernández Vara y a las instituciones culturales, con una serie de medidas urgentes de contingencia para atajar la crisis. Tal vez, porque pocos días antes diversos representantes de empresas del espectáculo tuvieron una reunión telemática con la consejera de Cultura y la directora de las Artes Escénicas, resultando la entrevista un caos total, en la que no se llegó a ninguna conclusión. La consejera, que se fue antes de terminar el debate, dando a entender que sobre las propuestas sugeridas -que fueron muchas y muy diferentes- tenía que hablar antes con el ministro (que había citado a los responsables culturales de las comunidades) para tomar sus decisiones. O sea, dando largas a más semanas de preocupante inacción y los artistas sin saber todavía si recibirán el oxígeno económico con urgencia.
Hasta el último día de abril, la Consejería de Cultura ha seguido sin reaccionar. Y uno se pregunta: ¿Qué piensa hacer con el presupuesto cultural aprobado que nada tiene que ver con el ministro? En estos dos meses de pandemia, no se ha entendido la actuación silenciosa de las tres responsables culturales de esta institución (que son «servidoras públicas«, según les recordó Fernández Vara el día de su investidura). Y de que el presupuesto de Cultura, que fue creado para fomentar el trabajo de los artistas profesionales, no se utilice en estos momentos tan críticos. Y estén ahí sin hacer nada eficaz, cobrando y mandando, los políticos culturales y funcionarios que no funcionan. Ante esta gran ironía, de que sean los artistas los que injustamente no reciban nada, la Consejería de Cultura debería desaparecer hasta que termine el confinamiento y se pueda reanudar la actividad cultural.
