La anulación de los grados en las Enseñanzas Artísticas, según una sentencia del Tribunal Supremo, abre una gran incertidumbre en el seno de los conservatorios de música, danza y arte dramático. Incertidumbre que coloca de nuevo la pregunta sobre la mesa: ¿cuál queremos que sea el espacio de las enseñanzas artísticas en nuestro país? El impulso de Bolonia sirvió para iniciar los procedimientos y ajustes en las programaciones que nos colocaba en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, por lo tanto, deseábamos ser estudios universitarios. Pero este acomodo se inició sin haber resuelto, en mi opinión, algunas contradicciones que «de facto» arrastraban de épocas pasadas los conservatorios. La primera, y adquirida en el proceso de transferencias educativas a las comunidades autónomas, es su adscripción administrativa a las enseñanzas medias gestionadas y financiadas por las consejerías de educación autonómicas. Y permítanme hablar de la situación de Madrid. ¿Cómo seguimos administrativamente en el ámbito la enseñanza media, si bien, con una gran capacidad de autogestión? ¿Cómo los salarios de los profesores de artísticas con rango universitarios se equiparan a los profesores de medias? ¿Qué relación tenemos entonces con el ámbito universitario? ¿Por qué no tenemos el reconocimiento del trabajo investigador en el ámbito de la educación superior?
¿Cómo hemos tratado de ajustar todo el plan de estudios, en el espacio europeo de la educación superior de Bolonia, sin haber afrontado estas contradicciones previas? A los directivos, personal administrativo y profesorado de los conservatorios, me consta, les mueve la pasión por su trabajo artístico y la convicción de que la pedagogía de la música, el arte dramático y la danza, se transmite desde la práctica y la experiencia profesional, más allá de los títulos o las adecuaciones a planes de estudios que se han venido implementando. Digamos que las dificultades se perciben más como administrativas y juríridicas, que como profesionales y artísticas en esencia. Tal vez, debamos admitir que el conflicto se establece entre lo que queremos/deseamos ser, y lo que, podemos/nos permiten ser. Tal vez, nuestro ámbito es el universitario si, pero para ello, los conservatorios de música y danza y escuelas de arte dramático, o gozan de una autonomía y régimen especial o están adscritos a una universidad.
De hecho, ya existen universidades por todo el país que ofrecen los grados en Enseñanzas Artísticas. Pero el hecho objetivo, es que la excelencia de los conservatorios y escuelas de arte dramático es de momento, superior, aunque no haya mecanismos o procedimientos de evaluación.
Como señala Antonio Narejos, «una de las razones de esta situación es la inexistencia de sistemas y procedimientos de evaluación de la calidad para los centros de enseñanzas artísticas». Ya que la evaluación de la calidad de estas enseñanzas deberá mejorar la actividad docente, investigadora y de gestión de los centros, así como fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesorado (ver Artículo 19.1. del citado RD).
Otra limitación importante es la falta de capacidad para establecer convenios con otras instituciones, al carecer de autonomía jurídica y de gestión.
Tal vez la alarma creada por la noticia sea excesiva en relación al efecto de su aplicación, ya que la intención, según el Supremo, es «diferenciar» de ese modo el grado universitario del equivalente título superior de enseñanzas artísticas para «evitar la presumible confusión entre ambos». Esto no significa, matiza, que los títulos de enseñanzas artísticas salgan del EEES, pues el legislador estableció que son, a todos los efectos, equivalentes tanto en lo académico como en lo profesional. Pero volvemos entonces al espacio del limbo, de la indefensión jurídica y de la «tierra de nadie» donde nos toca de nuevo, a la comunidad artística y educativa, pelear por habitar nuestro espacio, el espacio que deseamos, no el impuesto o el que único al que podemos aspirar, dado el desinterés actual por la política cultural como ámbito necesario de bien común. Esta sentencia, abre de nuevo, la oportunidad de un debate que debemos afrontar ya.
