El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó hoy el borrador de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que servirá para incorporar a la legislación española la directiva de la Unión Europea sobre derechos de autor. A esta armonización con el resto de países comunitarios se sumarán otros cambios en la gestión de los derechos de propiedad intelectual, conforme a la Moción aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en junio de 2002. Lo más novedoso es la reforma de la Comisión de Propiedad Intelectual, que a partir de ahora ampliará sus competencias como órgano «pacificador y normalizador».
Mariano Zabía, subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, explicó hoy que este borrador, fruto de «un profundo diálogo» con las ocho entidades de gestión (SGAE, CEDRO, AGEDI, AIE, VEGAP, EGEDA, AISGE Y DAMA) y las asociaciones de grandes usuarios (entre otras, ZONTUR, FEHR, UTECA o FAP) incluye como novedad más destacada la creación de una nueva Comisión de Propiedad Intelectual, porque hasta el momento este organismo no había sido «todo lo operativo» que habrían deseado.
La Comisión, hasta ahora, «sólo actuaba cuando las dos partes en conflicto estaban de acuerdo», subrayó Zabía, sobre este órgano de «resolución de conflictos», que ampliará sus competencias fortaleciendo la «función mediadora» entre entidades de gestión y usuarios, solventando así los «largos y costosos» proceso ante las instancias judiciales.
Este órgano regulador «competente» actuará como «pacificador y normalizador», ante el nacimiento y desarrollo de la denominada Sociedad de la Información. Esta Comisión «lo más técnico y neutral posible» estará formada por expertos, como detalló Zabías.
En cuanto al régimen de las entidades de gestión de derechos de autor, la presente reforma establece una serie de obligaciones. De esta manera, las entidades ofrecerán a los usuarios una mayor «flexibilidad y transparencia», con las que se pretende facilitar la propia gestión interna de las entidades y dar «fluidez» a las relaciones de éstas, tanto con a los usuarios y titulares cuyos derechos gestionan, como con las Administraciones Públicas.
Entre otros aspectos, las entidades de gestión ajustarán necesariamente sus sistemas contables a las normas establecidas para las entidades sin fines lucrativos y depositarán sus cuentas anuales en el registro mercantil. «Se trata de unificar criterios; no estamos diciendo que en las entidades no haya transparencia», subrayó Zabía.
El subsecretario hizo referencia concreta al conflicto entre DAMA y SGAE, del que hoy se hacen eco todos los periódicos, al denunciar la primera que la la entidad que presiden Eduardo Bautista tiene «secuestrados» los derechos de autor de sus 300 socios por valor de unos 12 millones de euros.
«Tenemos conocimiento de este conflicto y no es el único. La nueva Ley dará el cauce adecuado para una solución», dijo, recordando que en la actualidad hay cerca de 7.000 procesos judiciales abiertos sobre derechos de autor.
Respecto a la incorporación a la legislación española de la directiva 2001/29, de 22 de mayo, de la UE sobre Derechos de Autor y Afines en la Sociedad de la Información, desde el Ministerio se señaló que el nuevo texto la incorporará dentro del proceso de armonización del Derecho Comunitario en dicha materia. Una directiva «buena y mejor con medidas protectoras que defienden a los autores», puntualizó Zabía.
Por un lado, la directiva determina un sistema de derechos y excepciones –límites, según la terminología de la Ley española– y la creación de un sistema de protección de las medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de derechos para proteger sus obras de usos no autorizados por los mismos y de la información electrónica para la gestión de los derechos.
Estas últimas «contribuyen a la lucha contra la piratería en el entorno digital», como destacó Zabía, ya que «tipifica el ‘pirateo’ como actuaciones ilícitas», y los autores tendrán los instrumentos jurídicos suficientes para «actuar, defenderse e impedir estas prácticas ilícitas», recalcó, anunciando que el Ministerio pretende crear una campaña de «concienciación» dirigida a escolares, contra la piratería.
Este borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual inicia una tramitación ordinaria que culminará con la elaboración del correspondiente Anteproyecto de Ley, que podría ser aprobado por el Consejo de Ministros a finales de febrero de 2003, para su posterior remisión a l Parlamento.
