La victoria del sí por 58% resulta insuficiente para aprobar la reforma de los Estatutos de la SGAE
La reforma de los Estatutos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no ha salido adelante en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad celebrada ayer en Madrid, pese a haber obtenido una mayoría de votos afirmativos. De un total de 22.536 votos, 13.074 (58,1%) han sido a favor, 9.220 en contra (40,9%) y 242 se han abstenido (1%). Estos resultados no han sido suficientes porque se requería una mayoría de 2/3 de la Asamblea. Esta reforma era necesaria para adaptar la entidad de gestión a la Ley de Propiedad Intelectual y la Directiva Europea. La SGAE dará traslado de los resultados al Ministerio de Cultura.
En la anterior Asamblea, celebrada el pasado mes de junio, la reforma de Estatutos presentada entonces recibió un 66,6% de votos negativos, y un apoyo del 31,4%.
Al igual que ha sucedido en las Preasambleas Territoriales durante la semana pasada, también se ha sometido a la votación de los socios por mayoría simple la normativa de reparto de derechos de la entidad, acorde a la Ley de Propiedad Intelectual y el reparto de derechos de Ejecución del mes de diciembre.
Las normas de reparto de derechos han sido aprobadas por la Asamblea. De un total de 21.962 votos, 12.022 (54,7%) han sido a favor, 9.755 en contra (44,4%) y 185 se han abstenido (0,8%).
En lo que respecta a la ratificación del reparto de derechos de Ejecución del mes de diciembre, la Asamblea no las ha ratificado. De un total de 21.823 votos, 9.870 (45,2%) han sido a favor, 11.617 en contra (53,2%) y 336 se han abstenido (1,5%).
Las modificaciones introducidas en los Estatutos, para adaptarlos a la normativa vigente, suponían una mayor exigencia de transparencia, reforzaban la supervisión a través de nuevos mecanismos de control y otorgaban mayores poderes y competencias a la Asamblea General. En cualquier caso, se trataba estrictamente de los cambios exigidos por la nueva legislación.
Con la reforma estatutaria, la Asamblea General ampliaba notablemente su poder de decisión en asuntos clave. Entre sus nuevas funciones figuraba la ratificación de la política y el reglamento de reparto, la aprobación de la compra-venta de inmuebles y la elección de los miembros de la Comisión de Supervisión (órgano de nueva creación). De forma paralela, el presidente de la Junta Directiva perdía poder ejecutivo.
En términos de transparencia, los nuevos estatutos obligaban a la Junta Directiva a elaborar un Informe Anual de Transparencia, que debía ser igualmente refrendado por la Asamblea General.
