El Teatro Arriaga de Bilbao acoge el estreno de ‘Altsasu’, espectáculo con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya que se presentará primero en euskera (en versión de Kepa Errasti) el 28 de octubre, y después en castellano, los días 29 y 30.
Egoitz Sánchez, Aitor Borobia, Ane Pikaza y Nagore González interpretan esta obra de marcado carácter social, que se plantea entre sus objetivos los de contribuir a restañar las heridas y a desvelar las cicatrices; y al mismo tiempo poner el acento sobre los aspectos éticos, jurídicos, filosóficos y psicológicos de la problemática que se aborda en la obra.
El perdón, la reparación o la reconciliación son aspectos que subyacen en ‘Altsasu’, una obra que pone sobre la mesa temas como la justicia, su contaminación y la vulneración de los códigos; o la labor de los medios de comunicación y su influencia a la hora de determinar la fijación de significados en la sociedad y la interpretación de los sucesos.
A nivel de desarrollo dramatúrgico, esta propuesta, inspirada en el proceso judicial, toma como disparadero la imagen del Momotxorro, uno de los personajes más emblemáticos del carnaval de Altsasu, para adentrarse en uno de los casos judiciales más polémicos de los últimos años. A través de este ser históricamente vinculado a este pueblo y a esa noche de carnaval, la historia desgrana los sucesos del caso Altsasu desde una perspectiva que quiere poner la justicia en el centro para cuestionarnos sobre su significado.
El caso Altsasu
El caso al que se refiere la obra Altsasu es de sobra conocido. En la madrugada del 15 de octubre de 2016, se produce a las puertas del bar Koxka, en Altsasu (Navarra) un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de éstos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas Altsasu se convierte en un plató de televisión y en menos de un día y medio el caso es un asunto de Estado. Los denunciantes se niegan a declarar ante la Policía Foral, algo que sí hacen ante sus compañeros de la Guardia Civil.
El giro de este espectáculo se produce cuando COVITE, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, denuncia los hechos ante la Audiencia Nacional. Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra nueve jóvenes se pone en marcha. Siete de ellos ingresan en prisión inmediatamente. A la vista oral que comienza el 16 de abril de 2018 se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión para ocho jóvenes. El juicio es seguido con expectación en todo el Estado español por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión “terrorista” que impulsa la Fiscalía.
