Hoy lunes, 5 de noviembre de 2012, diversas asociaciones del sector cultural (artes escénicas, audiovisuales y plásticas), productores y teatros, convocan una concentración pacífica en la plaza Santa Ana, delante del Teatro Español de Madrid. A las 18:00 horas, reivindicaremos el valor de la cultura como bien público frente al actual desmantelamiento del frágil tejido productivo que habíamos conseguido coser.
Vayamos por partes. La cultura en España supone un 4% del PIB. Desde 2011 las ayudas públicas al sector se han reducido un 75% a nivel nacional; se han suprimido totalmente en la mayoría de gobiernos autonómicos. Ahora, además se impone sin miramientos, una subida del IVA al 21% para espectáculos culturales. ¿Qué despropósito es éste? En Francia y Holanda, los ciudadanos pagan un 4,5 % de IVA; en Alemania, el 7%; en Portugal, un 13%. ¿Porqué la cultura española habría de pagar parte la deuda soberana y ser la cabeza de turco de una política neoliberal impuesta por la derecha europea?
Sin cambiar de tema, anoche oía decir a Artur Mas que los peajes en las autovías, debían pagarlos los usuarios… Es la línea de pensamiento que sostiene que el consumo de un bien supone un gasto para quien compra, ahora, gravado, por unos impuestos abusivos. Estamos ante una mirada generalizada y por cierto, avalada por las urnas en este país, que observa y define todo bien y patrimonio como objeto de consumo; pero lo que es peor: consideran que los bienes y patrimonios culturales tienen un uso privado y sectorial.
La cultura no es exclusivamente consumo. No es un bien privado sino un bien público. Comprende elementos tangibles e intangibles. Produce valores, ideas, proyectos y obras que en el devenir de la historia, se convierten en la seña de identidad de los pueblos; expresa las tradiciones, los rasgos propios de las sociedades. La equiparación de este impuesto al resto de actividad económica es una falta de respeto. Igualar el impuesto de la factura de un bien cultural a la factura de una reparación de fontanería o a la factura de la compra de un coche, representa tratar de la misma forma, atribuir igual sentido a toda la actividad productiva: consumir bienes y servicios. La definición etimológica procedente del latín de consumir, es gastar o destruir.
Equiparar la cultura a los mecanismos exclusivos del mercado y los intereses privados relega el sentido de la responsabilidad pública del estado. Convertir la cultura en una bien mercantilista supone el desprecio a la convivencia y a la cultura democrática que tanto nos ha costado conseguir. Ante un mundo más que globalizado es necesario, tal vez, como nunca antes en la historia, el respeto a la cultura de nuestro país como bien diferenciado, no privilegiado.
La plataforma emplea la imagen de una cuerda lazada como una horca. Una metáfora que denuncia el peligro literal al que la cultura se ve abocada si no conseguimos detener el despropósito.
Y como cultura y educación van de la mano, en estas movilizaciones hay representantes y activistas de las plataformas en contra del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Es este un instrumento del gobierno para desmantelar el derecho de la educación como bien público, promover su visión mercantilista de la educación y legalizar la progresiva privatización del sistema educativo español. Si esta ley sale adelante, los centros educativos pretenderán como las empresas, la rentabilidad económica. Sus directores ejercerían más como gestores para cuadrar las cuentas de los centros. También establecerían los requisitos y méritos para elección del personal funcionario, podría rechazar interinos procedentes de las listas oficiales. De modo que, como patata caliente, el deber de gestión y administración de la comunidad educativa pública, se delega a los centros educativos, canalizado a través de sus directores y equipos directivos. Más independencia, sí, pero también menos consenso, menos proyectos y valores comunes, menos conocimientos compartidos. Esta decisión podría dar paso a injustas decisiones, personalismos e intereses poco solidarios.
Los profesores serían tratados como mercancías que podrían ser destinados a etapas educativas y especialidades que no les corresponden. Se permitiría la segregación de los colegios concertados por sexo. En cuanto a los contenidos, dos ejemplos: desaparecería la cultura clásica de la ESO, el griego de Humanidades (sólo habría un año como optativa); en 4º de la ESO desaparecerían las ciencias sociales, geografía e historia como materias obligatorias, no entrando en la oferta de optativas. Por lo tanto, la materia de Historia contemporánea, con contenidos que lanzan preguntas sobre los conflictos actuales, desaparecería, con la merma de capacidad de reflexión y crítica para los jóvenes que ello supondría. El Consejo Escolar dejaría de ser un órgano decisivo para ser consultivo. Se podrían ejercer actividades lucrativas para obtener recursos complementarios.
Estamos ante un ley antidemocrática, segregadora y retrógrada, rechazada por multitud de centros, asociaciones de padres y alumnos. Hay que parar este anteproyecto de ley. Hay que escuchar a los ciudadanos, habrá que sentarse a dialogar antes de que todo lo edificado se desmorone y como en nefastos augurios, se cumpla el peor pronóstico.
