Comunicado de Oscar Németh, Secretario General del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Argentina ante la grave situación en la que se encuentra esta institución:
Al contrario de otras áreas, en Cultura el Gobierno Nacional navega sin rumbo. Se pierden fondos destinados por ley a la promoción del teatro. Al contrario de otras áreas, en Cultura el Gobierno Nacional navega sin rumbo o, siendo más pesimistas, no le interesa el área. Hacemos referencia a este problema porque como teatristas somos parte de lo que tendría que ser un Proyecto Nacional de Cultura, pero parece que tal proyecto no existe. Desde nuestro ámbito, venimos aportando proyectos y acciones. Algunos se concretaron, luego de años de luchas y muchos esfuerzos. Así, de ese modo, los teatristas de todo el país pudimos concretar un sueño, la Ley Nacional de Teatro sancionada en 1997. Parecía que asistíamos al comienzo de la integración del país a partir de la actividad teatral, en base del respeto mutuo de las regiones culturales que forman la Nación, con oportunidades para cualquier habitante del suelo de nuestra patria.
La creación del Instituto Nacional del Teatro, nos ilusionaba, y creíamos que al ser la mayoría de los integrantes de su conducción elegidos través de concursos de oposición y antecedentes en el ámbito nacional y en cada una de las provincias y de la Capital Federal y que además tenían que pertenecer a la actividad Teatral, sin que imperara el «dedo» lo podíamos concretar. El Gobierno Nacional -poder político-estaba representado por el Director Ejecutivo y un Representante de la Secretaría de Cultura de la Nación, también marca la Ley que deben ser „»dóneos en la actividad teatral». El sistema de funcionamiento, único en el país, era ˆes- eminentemente federal, tanto en la discusión de los proyecto como en el otorgamiento de los beneficios que esta ley establece.
Pero esto parece que no gusta a algunos. Primero nos cercenaron la autarquía económica y luego para concedernos lo que la ley nos dá como derecho, intentaron mediante un decreto transformar el Instituto en un organismo no representativo del país y manejado como siempre desde y por el poder central.
En el primer caso el movimiento de protesta que se gestó fue de una escala impensada y culminó con la gran marcha nacional hasta el Congreso Nacional donde depositamos simbólicamente las delegaciones de todas las provincias, cientos de féretros de utilería representando la muerte de una parte importante de la actividad cultural y el Instituto Nacional del Teatro.
En el segundo se orquestó una movilización que por suerte logró dar marcha atrás y se anuló el decreto que modificaba el comportamiento representativo y colegiado del Consejo de Dirección.
Pero parece que esto no quedó allí, pues encontraron otra forma de cercenar nuestros derechos: el económico Se nos limitan las entregas de los fondos que nos corresponden por Ley y no nos devuelven lo que no nos dieron y aún deben, como son los fondos recaudados en el año 1997 y otros fondos que surgen de recaudaciones que superaron lo previsto. Como vemos esto es de vieja data, pero ahora ni siquiera cumplen con lo que se promete. La Secretaría de Cultura de la Nación, vía administrativa que corresponde, no dá respuesta a nuestros reclamos ni adopta la defensa de la Ley 24.800. O no lo entienden o se hacen los distraídos, o parecen desconocer las tramas de acciones imprescindibles que permitirían recuperar la confianza de aquellos que estamos en el quehacer cultural y codo a codo, juntos, podríamos luchar para que el poder político lo entienda.
En la actitud para con el Instituto Nacional del Teatro se marca aún más esa falta de claridad. Claramente se pueden leer una sucesión de hechos que prácticamente han paralizado su accionar y por ende toda la cadena que se genera desde todo el país.
Se pidió la renuncia al Director Ejecutivo, Rafael G. Bruza, todavía no asumió su reemplazante y éste sigue cumpliendo hasta la fecha formalmente su tarea, a pesar de haber transcurrido el tiempo legal que lo obliga a permanecer en el cargo luego de su renuncia. Se suma a esto la falta de algunas medidas administrativas que permitan recuperar los fondos que corresponden por ley.
La inhabilidad del Secretario de Cultura para hacer comprender en el Poder Ejecutivo la importancia de contar con los fondos para atender los pequeños subsidios a grupos y salas de todo el país, coloca al Instituto Nacional del Teatro al borde del colapso. Es que sin estos aportes, cientos de grupos (casi 2000) y pequeñas salas teatrales (cerca de 500) deberán mermar en su actividad o directamente, en el caso de las salas: cerrarán sus puertas.
El teatro resulta una herramienta idónea a la hora de revertir procesos que durante la última década lastimaron profundamente la trama social de nuestro país, y creemos que esto sí le preocupa la gobierno, estos grupos y salas trabajan en su inmensa mayoría sin ganar un centavo, se alegran cuando salvan los gastos y son más de 25.000 teatristas, que no producen hechos de violencia sino que entregan a la gente, al pueblo, sus creaciones artísticas. Desconocer esto es no conocer el país ni su gente.
El Instituto Nacional del Teatro ha desarrollado políticas teatrales para sostener acciones sociales en circuitos alternativos como pueblos chicos o barrios, colaborando con los procesos de desarrollo local imprescindibles en estos momentos. Se debe entender que la Ley 24.800 no es una Ley privilegiante de los teatristas, que no se piense que nuestra gestión es corporativa, llegamos a todos lados porque esta ley, como toda ley nacional debiera ser, está sancionada para beneficio de la gente.
La recuperación de nuestra cultura requiere de acciones directas del estado.
En ese sentido, con la acción descentralizada del Instituto Nacional del Teatro, su Consejo de Dirección colegiado y la conjunción de los Representantes Provinciales y la comunidad artística de las distintas provincias, se garantizan políticas participativas, compromiso comunitario y adhesión a proyectos de reparación y recuperación equitativa.
En esta realidad actual, el Instituto no está cumpliendo con lo que la Ley 24.800 obligatoriamente fija como función dado que, su prácticamente acefalía y su falta de recursos, instala la posibilidad cierta de un acrecentamiento de la crisis, que va desde el no pago de los sueldos al personal de planta al cierre de las delegaciones en todo el país. Hay que revertir esto y tomar determinaciones en un momento en el cual es imprescindible gestionar los fondos que por ley corresponden (y que ya están recaudados), pero que no llegan al INT por falta de medidas administrativas.
Esta situación deja sin fondos a unas quinientas salas de todo el país, que sin estas ayudas se encuentran al borde del cierre y a la vez se pasa para el presupuesto del año que viene una deuda de 1.500.000 pesos en ayudas que no se otorgaron en el presente año.
Por lo tanto, en nombre del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro, tomamos la decisión de difundir nuestra postura y reclamar públicamente acciones que modifiquen en forma inmediata el comportamiento de los funcionarios de Cultura de la Nación con respecto a la política teatral y solicitar se pongan en funcionamiento los mecanismos para dotar al Instituto Nacional del Teatro de los fondos que por ley le corresponden.
